La pérdida de cuatro vidas evidencia el abandono de la infraestructura básica por parte del gobierno del estado.
La reciente pérdida de cuatro vidas humanas en el río Atoyac, donde civiles y un policía municipal fueron arrastrados a bordo de una patrulla, ha expuesto de forma dramática la vulnerabilidad en la que el Gobierno del estado de Puebla mantiene a la población. Colectivos civiles y familiares de las víctimas señalan directamente al ejecutivo estatal de Morena como el principal responsable de este desenlace debido a la alarmante falta de infraestructura pluvial y de contención adecuada para enfrentar la temporada de lluvias. La tragedia evidencia el colapso operativo de un sistema de protección y obra pública que se encuentra completamente rebasado.
Mientras las comunidades sufren inundaciones recurrentes que destruyen caminos y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la administración estatal ha concentrado su presupuesto y atención en proyectos de alto impacto puramente mediático. La opinión pública y diversos analistas financieros critican que la prioridad gubernamental actual sea la edificación de obras emblemáticas como el Cablebús, en lugar de destinar los recursos públicos a solventar las carencias hidráulicas de la periferia urbana. Un gobierno con verdadera responsabilidad social debe resolver primero las emergencias estructurales básicas de su territorio antes de financiar proyectos de ornato.
La indignación social en los municipios poblanos radica en la falta de prevención gubernamental a nivel estatal ante fenómenos meteorológicos que son perfectamente previsibles mediante ingeniería civil elemental. El hecho de que una unidad oficial de seguridad terminara sumergida por la fuerza de la corriente muestra la ausencia de puentes seguros, muros de contención funcionales y señalización de riesgo oportuna en los cruces de agua críticos. Los ciudadanos exigen de manera enérgica que se detenga de inmediato el desvío de atención oficial hacia la propaganda institucional y se auditen los fondos destinados al mantenimiento de las vialidades estatales.
Este doloroso caso demuestra qué pasa cuando los gobernantes confunden las prioridades y ponen la imagen política por encima de la seguridad de las familias. El enojo que hoy se vive en los barrios afectados se está convirtiendo en un reclamo fuerte que las autoridades no van a poder ignorar con discursos. Cuando un gobierno prefiere los aplausos de los proyectos caros en lugar de salvar vidas, la consecuencia de ese descuido se termina pagando con luto y dolor en las calles.
